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martes, 28 de febrero de 2017

Revela el crimen

Nina Lakhani / The Guardian)  Documentos judiciales indican que el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue extrajudicial, planeado por especialistas en inteligencia militar, vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos, reveló una investigación del The Guardian.

Cáceres fue ejecutada hace un año cuando, supuestamente, estaba bajo protección estatal tras recibir amenazas de muerte por su oposición a una represa hidroeléctrica.

El crimen de Cáceres, ganadora del prestigioso premio ambiental de Goldman en 2015, provocó protestas internacionales y pide que Estados Unidos revoque la ayuda militar a Honduras, un aliado clave en su guerra contra las drogas.

Ocho hombres han sido arrestados en relación con el asesinato, incluyendo dos militares retirados.

Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y han minimizado la detención del oficial activo Mariano Díaz, quien dado de baja del Ejército de manera presurosa.

Los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales a los que accedió The Guardian revelan que:

Díaz, un veterano condecorado de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del Ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba a punto de ascender a teniente coronel.Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo, se unió al Ejército el mismo día que Díaz; sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un francotirador de las fuerzas especiales que había trabajado bajo el mando de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el Ejército en 2013.

Los documentos judiciales incluyen registros de mensajes de los teléfonos móviles que los fiscales creen contienen referencias codificadas al asesinato.

Bustillo y Hernández visitaron la ciudad de La Esperanza, donde Cáceres vivió las últimas semanas previas a su muerte, según los registros telefónicos y el testimonio de Hernández.

Una fuente legal cercana a la investigación dijo The Guardian: “El asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada y diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar civiles como asesinos.

“Es inconcebible que alguien con su alto perfil, cuya campaña le haya convertido en un problema para el Estado, pueda ser asesinado sin autorización al menos implícita del alto mando militar”.

La secretaría de Defensa no atendió las peticiones de The Guardian para emitir comentarios, pero el jefe de las Fuerzas Armadas negó recientemente que en el país estén operando escuadrones de la muerte.

Cinco civiles sin antecedentes militares conocidos fueron arrestados. Entre ellos están Sergio Rodríguez, gerente de la presa hidroeléctrica Agua Zarca que es financiada internacionalmente y a la que Cáceres se había opuesto.

El proyecto está a cargo de Desarrollos Energéticos, S.A. (Desa), que cuenta con amplios vínculos militares y gubernamentales. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un exoficial de inteligencia militar, y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, es exministro de Justicia. DESA contrató al exteniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015.

Cáceres había denunciado unas 33 amenazas de muerte vinculadas a su lucha contra la represa, incluyendo señalamientos a varios de los empleados de Desa. La empresa niega cualquier participación en el asesinato.

Cáceres fue asesinada alrededor de las 11.30 pm del 2 de marzo del año anterior, cuando al menos cuatro asesinos entraron en la comunidad cerrada en las afueras de La Esperanza, a la que se había mudado en fecha reciente.

Un puesto de control en la entrada de la ciudad –normalmente dirigido por policías o soldados– fue desatendido la noche en que Berta fue asesinada, dijeron testigos al The Guardian.

Los investigadores sugirieron inicialmente dijeron que el asesino era un examante o un descontento compañero de trabajo. Pero en medio de la creciente condena internacional, Díaz, Bustillo y otros dos fueron arrestados en mayo de 2016.

Hernández, que fue arrestado en México, es el único sospechoso que ha dado un testimonio detallado ante el tribunal. El sospechoso admitió su participación en el crimen, pero aseguró que actuó bajo coacción.

Los ocho han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete sospechosos han negado la participación o no han dado testimonio ante el tribunal.

Los fiscales dijeron que los registros telefónicos presentados a los tribunales muestran una amplia comunicación entre los tres militares, incluyendo un mensaje de texto que era una discusión codificada de pago por un asesinato por contrato.

Expertos estadounidenses han estado involucrados en la investigación desde el principio, según la embajada estadounidense en Tegucigalpa.

El senador Ben Cardin, miembro del comité de relaciones exteriores del Senado, dijo que el apoyo estadounidense no debe ser incondicional: “Es esencial que no sólo fortalezcamos nuestro compromiso de mejorar el estado de derecho en Honduras, sino que también debemos exigir una mayor responsabilidad de los derechos humanos Violaciones de derechos humanos y ataques contra la sociedad civil”.

El año pasado, The Guardian informó que un ex soldado hondureño dijo que había visto el nombre de Cáceres en una lista de personas a ser asesinadas, que fue entregada a unidades entrenadas por Estados Unidos.

Documentos judiciales revelan que en el momento de su detención, Díaz, de 44 años, estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestros, mientras estudiaba para ascender.

Los registros militares de 1997 muestran que Bustillo asistió a cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.